El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado una nota aclaratoria sobre la aplicación de la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que regula el régimen de extranjería en España. La normativa establece criterios específicos para que ciertos inmigrantes en situación irregular puedan optar a la residencia por arraigo.
El reglamento introduce mejoras en el acceso a la residencia para quienes acrediten vínculos con España y permite su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, el Ejecutivo ha enfatizado que la simple permanencia y el desempeño de una actividad laboral en el país no serán suficientes para obtener la residencia por arraigo laboral, en línea con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Criterios para acogerse al régimen transitorio
La disposición transitoria en cuestión establece que podrán solicitar la residencia aquellos inmigrantes cuya petición de asilo haya sido denegada de manera firme tanto en sede administrativa como judicial. Además, la normativa aclara que no se admitirán desistimientos de la solicitud de asilo como mecanismo para acceder a este beneficio.
El documento detalla que la situación de irregularidad deberá ser consecuencia de una resolución firme y que el periodo de permanencia en España en esta condición deberá ser de al menos seis meses antes de presentar la solicitud. La fecha límite para contar con una resolución denegatoria firme es el 20 de mayo de 2025, mientras que el plazo para presentar solicitudes dentro del régimen transitorio se extiende hasta el 20 de mayo de 2026.
Impacto y alternativas para la regularización
Para aquellos que no cumplan con los requisitos de la disposición transitoria, el Ejecutivo recuerda que sigue vigente la posibilidad de solicitar un permiso de residencia por arraigo social o laboral conforme a los artículos 126 y 127 del Reglamento de Extranjería, lo que exige una permanencia irregular en España de al menos dos años.
El Gobierno subraya que la normativa pretende equilibrar el respeto a las decisiones administrativas y judiciales con la necesidad de ofrecer vías de integración para quienes han consolidado su vida en el país. Con esta aclaración, se busca dar mayor seguridad jurídica a los migrantes y evitar interpretaciones erróneas sobre la aplicación del nuevo reglamento.